Después del escándalo que se desató tras la publicación de los Panamá Papers a mediados de este año el mundo empezó a darse cuenta de muchas de las actividades empresariales que con la globalización son cada día más comunes.

Si bien no siempre estas operaciones transnacionales son ilegales o ventajosas, la información tan detallada de los esquemas de evasión fiscal utilizados por muchas personas y compañías, tomó por sorpresa a un gran sector de la población. Sin embargo, México no fue uno de los países sacudidos por la información; hasta ahora.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló los Bahama Leaks, que como hace meses exponen los nombres de personas y compañías que hacen uso de paraísos fiscales para evadir impuestos. En esta ocasión se mencionan alrededor de 432 mexicanos que han establecido empresas en Bahamas con las cuales a través de operaciones intercompañía han desviado las utilidades a fin de disminuir el pago de impuestos.

Pero ¿qué no existen en México y en otros países medidas que eviten este tipo de prácticas? Claro que sí: Las regulaciones en materia de Precios de Transferencia.

Desde hace años la mayoría de los países han implementado regulaciones en materia de precios de transferencia, que tienen su fundamento en el “principio de plena competencia” enarbolado por la OCDE. Este principio establece las operaciones con compañías relacionadas, deben efectuarse como si se hubiera realizado con entidades independientes, es decir, de acuerdo a los precios que se establecerían normalmente derivados de las condiciones comerciales así como la oferta y la demanda.

Estas normas de Precios de Transferencia de esta manera buscan proteger la base tributaria de cada país, permitiendo la determinación adecuada de los precios y las utilidades derivadas de cada empresa o línea de negocio independientemente de la zona geográfica en que se encuentre.

En México estas obligaciones fiscales de precios de transferencia aplican a los contribuyentes que lleven a cabo operaciones con personas morales o físicas de su mismo grupo corporativo ya sea en el extranjero o dentro del país y es totalmente independiente a la presentación del dictamen fiscal que hoy en día es de carácter opcional.

De esta forma los involucrados en los Bahama Leaks no solo estarían cometiendo evasión fiscal sino incumpliendo asimismo con el principio de plena competencia. Al respecto el SAT afirmó que procederían conforme a las disposiciones fiscales.

Es recomendable que, en caso de no haber considerado el cumplimiento en materia de Precios de Transferencia se revise a las sociedades para acercarlas al mismo. Es importante tomar conciencia de que las empresas que llevan a cabo operaciones con partes relacionadas están sujetas a estas regulaciones y por lo tanto, expuestas a riesgos fiscales en caso de incumplimiento, especialmente ahora que se han expuesto tantos casos de uso indebido de las mismas.

Si necesita mayor información para asegurarse del cumplimiento de su empresa, no dude en contactarnos.

Tanya Oseguera
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